DESARROLLO, MUJERES Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DESARROLLO, MUJERES Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Jaime Daniel Bernal González1
A. Desarrollo
La mayoría de las concepciones de desarrollo que propenden por el 
rescate de lo humano y la mejora de las condiciones de justicia y 
equidad, no han sido adoptadas de manera plena en ningún contexto 
específico, razón por la cual tomando la expresión de Daniel Libreros, 
se puede afirmar que la sociedad actual se encuentra en una “crisis 
sistémica”2, situación que debe reconocerse como fundamental si se 
tienen en cuenta datos como los que ofrece el Informe sobre Desarrollo 
Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de 
19983, en los que se observa con claridad la desproporción en la 
inversión a nivel mundial, pues mientras que los gastos de un país en 
cosas secundarias como cosméticos, perfumes, helados o bebidas 
alcohólicas, bajo el pretexto de bienestar humano sobreabundan, los 
orientados a la satisfacción de las necesidades básicas no logran 
superar siquiera lo que gasta Europa en helados; panorama desconcertante
 y preocupante si se tiene claro que la satisfacción de las necesidades 
básicas es el
objetivo indispensable para la supervivencia e integridad psicofísica de la especie.
¿Qué hacer? ¿Por qué es vital actuar para cambiar el modelo de 
desarrollo? ¿Por qué es importante cambiar las reglas de comercio 
global? ¿Por qué es importante hacerlo pronto? 
Lo que está sucediendo no es solamente indefendible sino insostenible. 
El Informe de Desarrollo Humano del 2003, afirma que hay 21 países que 
están en peor situación que en los años 90: menos cobertura de agua 
potable, menos saneamiento, aumento del analfabetismo, muertes de niñas y
 niños, exclusión de las mujeres. En este mismo sentido, el BID4 
recuerda que Latinoamérica es la región más desigual del planeta: el 5% 
más rico recibe el 25% del ingreso, superando el 5% más rico de otras 
partes del planeta, pero también es donde el 30% más pobre recibe el 
menor porcentaje del ingreso, el 7.6% en comparación con las otras 
partes del mundo. La situación no aguanta. Ningún país, por rico, 
poderoso e influyente que sea, es una isla. Y así lo demuestra la última
 crisis económica iniciada en la segunda parte del año 2008.
B. Mujeres
En este panorama de desigualdades e injusticias se observa como son los 
más desfavorecidos o los más vulnerables quienes están abocados al 
rechazo o la exclusión; los niños, los ancianos y las mujeres son 
quienes más sufren los desmanes de una sociedad que sólo viene pensada 
para aquellos con capacidad adquisitiva y con posibilidades de 
inversión, dejando entrever el conformismo y una visión fatalista en la 
que no es posible transformar el orden. Al respecto la Organización 
Internacional de Trabajo OIT, señala que el empleo asalariado representa
 la mitad del empleo total, lo que equivale a decir que, la mitad de los
 supuestos empleados son personas que laboran informalmente. Estos datos
 no son sólo atribuibles al caso colombiano, es la tendencia mundial: la
 pauperización del trabajo. Lo que significa que la capacidad económica 
de las mayorías, entre ellas en buena parte las mujeres, ha disminuido 
ostensiblemente. 
Según estadísticas del DANE del año 2008, Colombia tiene 17.259.000 
mujeres en edad de trabajar. Las mujeres que hacen parte de la población
 económicamente activa (PEA), y están ocupadas, son aproximadamente 
6´866.000. De ellas 3´887.000 están en las 13 áreas metropolitanas, 
donde más de la mitad se ubica en la economía informal, en su mayoría en
 empleos precarios y de poco amparo en los derechos establecidos por 
ley. Las mujeres que hacen parte de la PEA y están inactivas, suman 
9´263.000. Un 62% de ellas están dedicadas al trabajo reproductivo, es 
decir al cuidado de la vida en el hogar y el mantenimiento de la fuerza 
de trabajo; mujeres que históricamente han sido invisibles a los 
análisis económicos, ya que su labor socialmente no se considerada como 
trabajo. 
Para el caso propio de las mujeres el panorama no es el más alentador ya
 que dentro de esta lógica de la marginalidad con la que funciona hasta 
el momento el sistema capitalista, están siendo excluidas, dándose 
además continuidad a las desigualdades históricas que se han presentado 
en la repartición de los bienes entre hombres y mujeres y vislumbrando 
el panorama actual de la economía, se confirma aún más la situación de 
desventaja que ellas tienen que enfrentar. 
Para quienes se muestran en desacuerdo con el modo de producción y 
explotación capitalista una cosa es clara, el sistema económico no es 
una fuerza de la naturaleza, no es un estado natural que se debe aceptar
 pasivamente, sino que por el contrario es un sistema de intercambio 
gestionado por normas e instituciones que reflejan opciones políticas, 
las cuales, si se lo proponen, pueden determinar su prioridad5.
En la actualidad, los desafíos son múltiples, dado que el desmonte del 
Estado Social y Democrático de Derecho abre el camino para que el mundo 
de las reglas económicas legalicen y legitimen la rentabilidad del ente 
privado6, presentándose fenómenos tales como la globalización de los 
mercados, fundamentado en el capital circulante, la tercerización del 
trabajo, una tímida globalización política y en una exigua y amañada 
responsabilidad social. Lo que permite, entonces, afirmar que se 
presenta una ruptura del equilibrio dinámico entre el Estado Social 
Democrático y el mercado capitalista, donde es el capital el que marca 
los límites al Estado. 
En esta nueva dinámica de los Estados, marcada por la globalización, en 
que buena parte de los mercados y la economía en general es dominada por
 el ente privado, son múltiples los escenarios en los que el 
Estado-nación tradicional se ha hecho, en palabras de Daniel Bell, 
“demasiado pequeño para los problemas grandes y demasiado grande para 
los problemas pequeños”7. 
Uno de estos espacios cedidos por parte del Estado es el del manejo de 
la economía, el cual ha sido legado a las dinámicas impuestas por la 
economía mundial a través de los organismos multilaterales que elaboran 
sus propios ajustes estructurales; por otro lado, se puede evidenciar 
que el Estado ha cedido su soberanía, prueba de ello son las serias 
dificultades que presenta para controlar la descentralización del 
monopolio de las armas o los problemas que tienen que ver con el medio 
ambiente y las minorías. Esta diversificación del poder ha hecho más 
difícil la exigibilidad de responsabilidades y el control efectivo del 
mismo poder. 
Lo anterior cobra fuerza si se tiene en cuenta que en la definición del 
Estado tal y como es concebido desde el mundo moderno, uno de los 
elementos más importantes en su configuración es justamente el ejercicio
 de la soberanía, como bien lo manifiesta Vladimiro Naranjo Mesa, en la 
definición que nos presenta: “puede entenderse por Estado un 
conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado 
sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a
 través de sus propios órganos, y cuya soberanía es reconocida por otros
 Estados”8, por lo tanto, en la medida en que un Estado cede en su 
soberanía o en cada uno de los elementos que lo constituyen, en ese 
mismo sentido pierde la razón de ser por la cual fue constituido: la 
defensa y protección de sus ciudadanos, en todo el sentido de la 
palabra. 
En este escenario de disminución de las funciones del Estado, la Tercera
 Revolución Industrial o el período postindustrial, como lo llama 
Touraine, ha inducido una redefinición en las relaciones de producción, 
de poder, de experiencia en las sociedades y ha perturbado, de forma 
aguda las maneras de vivir. Sin lugar a dudas, esta oleada de 
transformaciones ha impactado mayormente a las mujeres, al punto que se 
está observando en el mundo una lúgubre tendencia a la “feminización de 
la pobreza”9, pues son ellas como niñas, adolescentes o adultas las 
menos favorecidas en la distribución de las tareas laborales y por ende 
las salariales y de garantías sociales.
Esto debería ser, en el marco del desarrollo humano, una preocupación 
política mundial, teniendo en cuenta la progresiva cifra de mujeres que 
cumplen un papel económico y son jefes de familia, evidenciándose que la
 pobreza femenina paraliza el crecimiento económico mundial. Alguna vez,
 la feminista anarquista Emma Goldman dijo: “La mujer es el obrero del 
obrero”, indicando la sobreexplotación de las mujeres por referencia a 
sus hermanos de clase. Emma Goldman hacía alusión a las exigencias de la
 maternidad y del trabajo doméstico, aportes visibles -invisibilizadosde
 la mujer en la economía.
Como se puede ver, son múltiples la diferencias y deficiencias marcadas 
en la sociedad en contra de las mujeres que calculada en dólares o en 
pesos consiste entonces en una carencia de dinero; medida en términos de
 condiciones humanas mínimas refiere a la ausencia o deficiencia en los 
servicios de salud, nutrición, educación, vivienda, trabajo y otros 
elementos del mínimo vital, donde además es imposible pensar en el ocio y
 el disfrute del tiempo libre, ya que los esfuerzos están direccionados a
 la supervivencia.
En este esfuerzo por medir los indicadores de la pobreza, en 1996, la 
ONU acoge un nuevo indicador que incluye tres exigencias mínimas: la de 
estar bien nutridos y sanos (medida por la proporción de niños menores 
de cinco años con un peso inferior al normal); la de reproducirse 
sanamente (calculada por la proporción de nacimientos no atendidos por 
personal adiestrado en ciencias médicas); y la de educarse formalmente 
(representada por el nivel de analfabetismo). 
Como expresa Mayra Buvinic10 este indicador evalúa principalmente las 
carencias de las mujeres, puesto que dos de los tres elementos 
ponderados analizan desventajas específicas del sexo femenino. Los 
cálculos demuestran que el 37% de la población de los países en 
desarrollo (es decir, 1600 millones de personas) carecen de estos tres 
elementos básicos del bienestar, señalados por la ONU; por lo tanto, si 
se miden las proporciones estaríamos diciendo que contamos con un 
altísimo grupo de mujeres que no se alimentan bien, no tienen las 
posibilidades de reproducirse dignamente y están excluidas de una 
educación formal.
Estos altos índices de pobreza llevan a pensar en todo lo relacionado 
con el círculo vicioso al que ésta conduce, para el caso de la mujer, se
 desata cuando se encuentra ante la necesidad de ocuparse más, pero 
contradictoriamente de ganar menos debido a que la percepción salarial 
no es alta en los oficios a los que muchas de ellas se dedican, por lo 
que el beneficio propio y para sus hijos se ve reflejado en menos 
alimentos y menor cuidado materno; realidad que cada vez es un hecho 
común y difícil de evitar. Esto permite visualizar que trabajar, para la
 mujer, no es el mejor negocio, porque por un lado viene mal remunerada,
 por otro debe seguir respondiendo por el trabajo en casa que nadie le 
reconoce y lo más preocupante, debe dejar a sus hijos a expensas de 
quien pueda acompañarlos o en su defecto dejarlos solos y en riesgo, 
para buscar lo poco que su trabajo le remunera. 
Se hace necesario, entonces, que en el nuevo escenario del desarrollo 
humano mundial se pueda incentivar el “círculo virtuoso” no para 
invertir más en la mujer sino preocuparse de cómo hacerlo mejor, de 
manera tal que se refuerce el bienestar de las mujeres, sus hijas e 
hijos, generando estrategias de inclusión, de visibilización y 
valorización de su trabajo, especialmente en el marco de la justicia de 
género.
Es verdad que se ha avanzado en los derechos de las mujeres, pero no se 
les ha reconocido como iguales jurídicos y existen fracturas en lo que 
María Luisa Femenías ha llamado intersección étnicocultural. Basados en 
el ideario feminista, en los planteamientos deconstructivistas 
contemporáneos, se han allanado caminos que brindan senderos para 
prácticas y políticas públicas incluyentes que tienden a aunar 
reconocimiento y justicia distributiva11.
Con el fin de tener un contexto adecuado para la categoría de justicia 
de género, se hace necesaria, aunque someramente, la diferencia entre 
Ley y Justicia. Al respecto el profesor Agustín Angarita señala lo 
siguiente: “Una falla radica en confundir la ley con la justicia. La 
primera es un instrumento, un objeto, una cosa, un sustantivo. La 
segunda un proceso, un encadenamiento contextual de sucesos, un verbo. 
La primera un instrumento. La segunda un proceso. La justicia es 
consustancial a la democracia, sin ella ésta queda convertida en un 
discurso vacuo y herida de muerte.”12.
La ley es, entonces, un instrumento mediador de relaciones entre el 
Estado y las personas, es algo ya dado y establecido que se aplica y se 
cumple sin mayores reparos, instrumento que debería estar al servicio de
 la justicia, se dice debería porque no siempre es así, en algunos casos
 es impuesta buscando el beneficio de unos pocos y no con el fin de 
favorecer a todos. 
Para profundizar en la reflexión sobre la categoría de justicia se 
asumen los planteamientos que al respecto presenta la Profesora Fraser 
en varios de sus textos, pero de modo particular en el artículo: 
Reinventar la justicia en un mundo globalizado13, en donde platea 
ajustes sociales que buscan que todos los integrantes de la sociedad 
participen en la interacción social como iguales entre sí. Es justamente
 este reconocimiento como pares lo que permite mayores grados de 
interacción, ya sea en el mercado, en el trabajo o en la vida familiar y
 cultural, por lo que la no discriminación legal es insuficiente puesto 
que la “igualdad” se debe ver reflejada en todos los ámbitos de la 
persona: en lo social, económico, cultural, político, sexual, entre 
otros.
La profesora Fraser indica: “Superar la injusticia significa desmantelar
 los obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a 
la par con otros, como socios con pleno derecho en la interacción 
social”14. Para ello propone tres categorías que se deben integrar 
simultáneamente: el reconocimiento, la representación y la 
redistribución. 
Por reconocimiento, se entiende la visibilización de todos los 
integrantes de la sociedad y no sólo de aquellos con capacidad 
adquisitiva o quienes manejan los hilos del poder según la selección que
 hace el capitalismo neoliberal actual; la representación, consiste en 
la posibilidad política de participación de todos los integrantes de una
 sociedad, siendo esta categoría la más importante de las tres porque es
 desde la política que existe la posibilidad de reclamar los derechos y 
por lo tanto la forma como una persona o un grupo puede hacerse visible;
 la redistribución, incluye el aseguramiento de los mínimos necesarios 
para una vida digna.
En esta nueva visión de la justicia para hablar de la equidad de género 
se hace necesario incluir lo económico desde la redistribución, que debe
 estar reflejado en salarios dignos y justos; lo político desde la 
representación permitiéndosele a la mujer madre comunitaria la 
participación en sindicatos y otras opciones o formas de expresión; y, 
lo social-cultural, desde el reconocimiento, visibilizándolas como 
mujeres, como mujeres madres comunitarias promotoras y agentes de cambio
 al servicio de la comunidad y el Estado.
Lo anterior se enuncia porque como dice Fraser “ni la teoría del 
reconocimiento ni la teoría de la redistribución pueden por sí solas 
proporcionar una comprensión adecuada de la justicia capitalista…”15 
sino que se hace necesario incluir lo político que “en este sentido, 
suministra el escenario donde se desarrollan las luchas por la 
distribución y el reconocimiento”16 y es justamente lo político lo que 
permite establecer los criterios de pertenencia social y la manera de 
determinar la forma de participar, lo que se denomina la representación.
 Esta concepción particular de la justicia incluye, entonces, 
conceptualizaciones como la diversidad cultural, las transformaciones de
 los patrones sociales de representación, interpretación y 
comunicación. 
El sociólogo Polaco Zigmunt Bauman, coincide con lo presentado por la 
profesora Fraser cuando señala que el derecho al reconocimiento y el 
derecho a la redistribución forman parte esencial de los principios y la
 esencia de los Derechos Humanos17. De hecho, en su obra Trabajo, 
consumismo y nuevos pobres señala, entre otras cosas, que para alcanzar 
los placeres de una vida normal, se necesita dinero y los pobres se 
encuentran ante un escenario de consumo rapaz y con la incapacidad de 
solventar los estándares del consumo, una cosa es clara: “nada calmará 
el dolor de la inferioridad evidente”18. 
Hablar de “Justicia de Género” implica la apropiación de una concepción 
de justicia dentro de las relaciones sociales y jurídicas prevalecientes
 entre los sexos. No es fácil dar una acepción, pues los constantes 
cambios de significado y uso, que abarcan diversos conceptos de justicia
 van desde la escueta igualdad hasta la igualdad diferenciada, que hace 
referencia al respeto por la diferencia, pero con consideraciones 
substanciales; por ejemplo: se plantea que la igualdad siga concurriendo
 como principio cardinal de la justicia y que en la normatividad y la 
práctica de la ley se trate a todas las personas como iguales morales. 
En este sentido, la Justicia de Género logra un primer momento de 
realización en el discurso político moderno e implica plenitud de 
derechos para las mujeres, entendiendo y aceptando que los derechos son 
indivisibles, sociales, políticos y civiles. Así nos movemos en el 
concepto de Justicia de Género.
Rosemary MCGee, señala que dos son las consignas latinoamericanas claves
 para ahondar en el concepto de Justicia de Género, ambas provenientes 
del movimiento femenino chileno: “Democracia en el gobierno: democracia 
en la familia” y “No hay democracia, sin democracia en la familia”; 
estas dos consignas permiten evidenciar que la justicia de género está 
unida a la democracia y ésta al concepto de governance que trasciende 
los límites del Estado moderno. Valga la pena resaltar que se deja el 
término governance por no tener una definición exacta en el español ya 
que podría ser “gobierno”, “gobernabilidad” o “gobernanza”, en este caso
 se utiliza como la manera en que se ejerce el poder en la gestión de 
los recursos sociales y económicos de un país. La relación particular 
entre “gobierno” y “ciudadano”. 
En la reflexión sobre la Justicia de Género se pueden encontrar 
discusiones acerca de la teoría política liberal19, la ley y su relación
 con la justicia20 y en modo particular los aportes de Nancy Fraser en 
lo relacionado con sus tesis sobre la justicia redistributiva21, los 
estudios sobre ciudadanía22 y la teoría de los Derechos Humanos23. Pero 
también Zigmunt Bauman en su modelo de unidad republicano24, referencia 
la esencia de la unidad conseguida como logro conjunto de los agentes 
dedicados a auto identificarse, unidad que es consecuencia y no 
condición a priori de la vida compartida, conseguida por medio de la 
negociación y la reconciliación, y no a través de la negación, la 
atenuación o la eliminación de las diferencias.
En este sentido, se hace casi obligatoria la idea de asumir como opción 
el difícil arte de aprender a vivir con las diferencias, lo que 
implicaría para las mujeres, en general, y para las madres comunitarias,
 en particular, la posibilidad de ser visibilizadas, de ser reconocidas,
 permitirles construir su propia identidad y no decirles o definirles lo
 que son o pueden ser, además de valorar lo que hacen representado en 
una remuneración justa, el acceso a los beneficios sociales que como 
miembros de un Estado Social y Democrático de Derecho se merecen. 
Al respecto, el sociólogo francés Alain Touraine, hablando acerca del 
Estado actual de la sociedad postindustrial, señala que ésta marca “el 
fin de la definición del ser humano como ser social, determinado por su 
lugar dentro de una sociedad que condiciona su conducta o sus 
acciones”25 y por lo tanto la defensa que puedan oponer los actores 
sociales para proteger su “especificidad cultural y psicológica” sólo 
puede basarse, siguiendo con Touraine, en “la conciencia de que el 
principio de su combinación únicamente puede hallarse en el individuo, 
ya no en las instituciones sociales o en los principios universales”26, 
lo que ratifica esa doble realidad en que se sumerge la sociedad actual,
 la reafirmación de la individualidad en tanto que se hace una apuesta 
por el ser humano singular, como portador de derechos, y la 
reconstrucción de los grupos y de las comunidades como estrategia para 
sostenerse y poder enfrentar los cambios y los retos de la sociedad 
actual, lo mismo que para la garantía de los derechos de los individuos,
 ejemplo de ello son instituciones como la ONU, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Comunidad Económica Europea, la OEA, entre 
muchas otras. 
Lo anterior se convierte en un llamado a la superación de 3 situaciones 
que azotan a las mujeres, manifestadas a través de los siguientes 
hechos: 1) sin importar la parte del mundo, las leyes presentan 
desigualdad entre los sexos, especialmente en lo que se refiere a 
derechos; 2) se privilegia lo masculino sobre los derechos de las 
mujeres, generando una especie de “ciudadanía de segunda”, si cabe la 
expresión; estas franquicias masculinas llevan consigo la división de lo
 público y lo privado en la legislación, en detrimento de la familia y 
en ella la mujer y las niñas; 3) la ley, en muchos casos y lugares, es 
androcéntrica. Situación preocupante que ha obligado a las mujeres a 
buscar reformas en el retiro de los privilegios patriarcales de los 
marcos jurídicos; que hayan resistido, cuando los casos van en 
discrepancia con la justicia, cuando ésta intenta que las mujeres sean 
asimiladas desde la perspectiva de lo masculino. Todo en búsqueda de ser
 tratadas como individuos morales iguales27. 
Esto es lo que Nancy Fraser, en principio, llamó el all affected 
principle28; es decir, todo el que es afectado por una práctica social 
determinada debe tener voz y decidir sobre ella; concepto que se 
transformó en all subjected principle, lo que indica que todo el que 
está sujeto, en cualquier parte del mundo, a una estructura de 
gobernación que concibe medidas usadas dominadoramente, tiene potestad 
para tomar parte a la hora de decidir. Al respecto termina diciendo:
Nuestro mundo está gobernado no sólo por estados sino también por 
estructuras de gobernación misteriosas que crean reglas que no 
entendemos o apenas conocemos, pero que tienen
consecuencias enormes sobre la vida y la muerte de millones de personas.
 El principio del que hablo sostiene que toda persona cuya vida está 
sujeta o estructurada por estas reglas debe ser escuchada, y estas 
estructuras de gobernación deben ser democratizadas y rendir cuentas. La
 idea es sencilla, pero no sé cómo se podría llevar a cabo29.
Uno de los ejes centrales de la equidad de género refiere a la igualdad 
de oportunidades de hombres y mujeres para participar del bienestar y el
 desarrollo. Dicha equidad implica nuevas relaciones sociales entre 
mujeres y hombres en el hogar, en el ámbito social y en el espacio 
privado, significa un nuevo pacto, base para ampliar los Derechos 
Humanos, y una nueva relación entre las esferas de la producción 
(circulación de mercancías) y la reproducción (asegurar la vida).
C. Política Pública
En el ESDD, caso Colombia, una estrategia para lograr la exigibilidad 
Jurídica y política de los derechos, y obtener justicia de género, en 
especial de los DESC, son las Políticas Públicas. Esto por cuanto el 
ESDD debe garantizar el mínimo vital en un marco de desarrollo donde los
 derechos sean como una condición esencial para lograr una vida con 
dignidad y plenitud, en este marco “los DESC deben ser parte permanente 
de la agenda del Estado colombiano, de los partidos y movimientos 
políticos, y de los grupos significativos de ciudadanos.”30
D. Los elementos de la Política Pública
En el marco de esta reflexión puede avanzarse entonces en la 
exigibilidad de una política pública que contenga elementos precisos, 
pero básicos: que los objetivos sean colectivos (metas el Estado y de la
 sociedad), que los medios y las acciones estén en manos del Estado; y 
que los resultados sean los esperados con el desarrollo de una 
política.31
E. Las Políticas Públicas en la Constitución de Colombia.
Analizando la CPC se encuentra en ella los argumentos jurídicos vigentes
 para comprender porque las Políticas Públicas son una estrategia para 
la exigibilidad Jurídica y Política.
F. Enfoques de Políticas públicas
G. Basados en el Estado32
H. Enfoques basados en la Sociedad33
I. Enfoques mixtos34
1 Coordinador de Proyectos de Concern Universal-Colombia. 
Jaime.bernal.cuc@telecom.com.co elmohandetierrafirme@gmail.com y 
http://elmohandetierrafirme.blogspot.com/
2 En http://telaparacortar.blogspot.com/2009/03/neoliberalismo.html, 
dice libreros: Para mí es una crisis sistémica, es una crisis del 
capitalismo en conjunto. Es una crisis que viene incluso arrastrándose 
desde finales de los años sesenta cuando se empezó a constatar a nivel 
internacional una caída en la tasa de ganancias en las grandes empresas 
transnacionales que comenzaron a aplicar una política de sacar parte de 
sus inversiones hacia el sector financiero, creando una masa gigantesca 
de capital ficticio que aparece ahora como explosión de una burbuja 
financiera descomunal en la cual la economía norteamericana es un 
ejemplo. Hasta ahora van dos planes de recuperación de los gobiernos: la
 famosa recuperación de los activos tóxicos, el primero de Bush, el 
segundo ahora de Obama, con 1.5 billones de dólares y sin embargo no se 
ha resuelto todavía esa crisis, siguen creciendo esos tóxicos, sigue 
creciendo el endeudamiento privado, con la gravedad particular de que 
ahora esos costos los está asumiendo el Estado norteamericano. Ese es un
 mecanismo consistente en desplazar dinero hacia el sector financiero. 
En cuanto al ámbito laboral, si  miramos la curva de salarios en el 
mundo la caída es descomunal. En el caso colombiano la Ley 189 del año 
2003 terminó acabando con el salario triple dominical, las 
reivindicaciones mínimas de los trabajadores, prolongó el salario diurno
 hasta las diez de la noche, y además creó las cooperativas de trabajo 
asociado, con lo cual nos devolvieron a un régimen primitivo donde los 
trabajadores ni si quiera hacen parte de las empresas. Es decir, lo que 
ha ocurrido es una baja del salario para tratar de mantener la actual 
situación del capitalismo en un momento de crisis sistémica.
3 Según el PNUD, en el Informe de 1998 el gasto anual en dólares en 
Enseñanza básica para todos: 6 mil millones. Cosméticos en los EU: 8 mil
 millones. Agua y saneamiento para todos: 9 mil millones. Helados en 
Europa: 11 mil millones. Salud reproductiva para todas las mujeres: 12 
mil millones. Perfumes en Europa y los EU: 12 mil millones. Salud y 
nutrición básicas: 13 mil millones. Alimentos para animales domésticos 
en Europa y EU: 17 mil millones. Cigarrillos en Europa: 50 mil millones.
 Bebidas alcohólicas en Europa: 105 mil millones. Drogas estupefacientes
 en el mundo: 400 mil millones. Gasto militar en el mundo: 780 mil 
millones.
4 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Facing up to inequality in Latin 
America. Economic and Social Progress in Latin America. Washington, 
Report 1998-1999.
5 FANJUL, S. G. “Cartas marcadas. Mercado y lucha contra la pobreza”. En: Cuadernos de Justicia. Barcelona. 2004, No.129.
6 Acaso no es una inmoralidad que la riqueza de 225 personas sea 
superior a los recursos económicos anuales de 2600 millones de personas.
 O que la acumulación de 3 personas supere el PIB de 48 países 
altermundistas, donde hay cerca de 600 millones de habitantes.
7 BELL. D. “Construir la convivencia. El nuevo orden mundial y las 
religiones”, citado por M.Dolors Oller i Sal. En: Cuadernos de Justicia.
 Barcelona. 2008, No. 157.
8 NARANJO. V. Teoría constitucional e instituciones políticas. Bogotá. Editorial TEMIS, sexta edición 1995, p. 77.
9 Cf. ANDERSON, J. La feminización de la pobreza en América Latina, 
Entre Mujeres. Lima. 1994; PEARCE, D. "The Feminization of Poverty: 
Women, Work, and Welfare", Urban and Social Change Review 11. 1978; 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre 
Desarrollo Humano, Nueva York. 1995; SEN, A. “Gender and Cooperative 
Conflicts”. En:
Persistent Inequalities. Women and World Development. Oxford University Press, 1990.
10 BUVINIC, M. Mujeres en la pobreza: un problema global. Washington, DC. 1998, No. WID-1001.
11 FRASER, N. Iustitia Interrupta: Reflexiones desde la posición 
“postsocialista”. Bogotá. Universidad de los Andes y Siglo del Hombre 
Editores, 1997.
12 ANGARITA, L. Agustín. “Ley, Justicia y Realidad”. En: El Nuevo Día. Ibagué. (9, enero, 2009); p. 4A, c
13 FRASER. N. Reinventar la Justicia en un mundo globalizado. Texto 
redactado por primera vez para ser pronunciado en las Conferencias 
Spinoza de 2004 celebradas en la Universidad de Ámsterdam. 
Posteriormente, fue revisado en el Wissenschaftskolleg zu Berlin en el 
periodo comprendido entre 2004 y 2005.
14 FRASER, N. Escalas de la justicia. Barcelona. Herder Editorial, S. L..2008 p. 36.
15 Ibíd., p. 40.
16 Ibíd., p. 41.
17 BAUMAN, Z. Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. Siglo XXI, 2006. p.189.
25 TOURAINE, A. “Can We Live Together, Equal and Different?” En: European Journal of Social Theory. London. 1998, 165-178
26 Ibíd., 170.
27 FORERO, De Sade M.T.; CAÑON, O. Leonardo; PINEDA, D. Javier. Mujer 
Trabajadora, Nuevo Compromiso Social. Bogotá. Ed. FIEL, 1991. p. 135.
28 FRASER, N. En: ARRIBAS, Sonia y DEL CASTILLO. Entrevista publicada bajo una licencia Creative Commons, 2007. 
29 ídem.
30 FRÜHLING, M. (2004) En la política hay que guiarse por los 
instrumentos internacionales sobre DESC. Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bogotá.
31 GONZÁLEZ, Milena A. (2006)CapacidaDESC para la exgibilidad. Manual de
 políticas públicas y participación social. Pag. 59. Bogotá.
32 HUERTAS. María A. y otros. (2004) Las políticas públicas y las nuevas
 relaciones Estado y Sociedad. Los casos de Chile, Colombia y Guatemala.
 Editorial Universidad Javeriana, Bogotá.
33 RÖTH, A-N. (2002) Políticas públicas formulación, implementación y evaluación. Ediciones Aurora. Bogotá.
34 GONZÁLEZ, Milena A. (2006) Ídem .
 
 
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